Victoria.- (Alfredo Guevara) La Contraloría del Estado envió 63 oficios a órganos de internos de control, para el inicio de procedimientos en contra de ex servidores públicos que han sido omisos en presentar su declaración de situación patrimonial concluyente, confirmó Mario Soria Landero titular de la dependencia
Dijo que si durante los 60 días posteriores a haber concluido su cargo o comisión como funcionarios del Gobierno no rindieron su declaración de conclusión, si se está llevando a cabo o implementando la investigación por presunta responsabilidad, se requiere al declarante cumplir con dicha obligación y resolver como aplicar la sanción correspondiente al órgano interno
En este supuesto, agregó, es la inhabilitación por tres meses hasta un año del funcionario público rebelde u omiso que no haya presentado la declaración en mención, en el plazo legal descrito de acuerdo a lo que señala la Ley de Responsabilidades Administrativas
Informó que de acuerdo de acuerdo a la declaración de situación patrimonial 2018, por lo menos 749 servidores públicos fueron llamados por presuntas irregularidades, observaciones o por que no cumplieron con su obligación
De tres mil 889 servidores públicos, un total de tres mil 142 cumplieron con su declaración, mientras que 747 fueron llamados por la Contraloría, «es decir que cumplió el 29 del cien por ciento de los que están obligados a presentar declaración patrimonial, sostuvo
Los servidores públicos incumplidos tienen un período de 60 días para su presentación o modificación en las declaraciones anuales que se presentan en el mes de mayo de cada año
“Sí cualquiera de las dos, no se hubiese presentado en tiempo sin causa justificada, se dará aviso al Órgano Interno de control de cada dependencia para iniciar la investigación por presunta responsabilidad por la comisión de la falta administrativa, y se le requerirá por escrito al declarante el cumplimiento de dicha obligación», expresó Soria Landero
Agregó que en caso de que la omisión continúe por un período de 30 días más siguientes a que se le haya hecho la notificación por escrito al declarante, la Contraloría o el Órgano Interno de Control, según corresponda, declararan que el nombramiento o contrato ha quedado sin efectos, es decir sería despedido.