A pesar de la emergencia sanitaria continúa la fiscalización de recursos a partidos políticos

Ciudad Victoria.-Ni la pandemia del Covid-19 ha impedido al Instituto Nacional Electoral (INE) en Tamaulipas, fiscalice el gasto de partidos políticos, aseguró Olga Alicia Castro Ramírez, presidenta de la Junta Local.

En entrevista indicó que sobre todo se fiscaliza el gasto que realizan las organizaciones políticas en redes sociales y plataformas digitales, por lo que se “realiza un cuidadoso trabajo de fiscalización conforme a las atribuciones legales del INE”.

Castro Ramírez sostuvo que el objetivo es conocer el origen y destino del dinero de partidos, candidaturas y organizaciones que buscan convertirse en un partido político, y el trabajo no se ha detenidas, aunque las medidas de aislamiento social obligan a que los fiscalizadores trabajen desde sus casas.

“El INE busca realiza un trabajo cuidadoso de fiscalización para conocer e identificar los gastos que hacen en general, incluyendo el que llevan a cabo en las redes sociales”, insistió.

Subrayó que el INE investiga los recursos entregados a los partidos políticos para el ejercicio de sus actividades ordinarias, así como las que buscan la obtención del voto ciudadano durante las campañas electorales.

“La autoridad electoral revisa conceptos como la propaganda, las redes sociales en distintas plataformas que han sido utilizadas para posicionar diversos contenidos políticos”.

La presidenta de la Junta Local del INE en Tamaulipas detalló que se monitorean las plataformas, así como las cuentas en redes de partidos políticos y organizaciones que buscan constituirse en partidos políticos.

“Cuando se identifican gastos no reportados o propaganda que transgrede los límites permitidos legalmente, o cuando se detectan actos que van en contra de la normatividad y se presentan las denuncias respectivas, el INE inicia los procedimientos sancionadores correspondientes”.

Por último, señaló que el INE cuenta con atribuciones para fiscalizar el gasto que hagan en redes sociales funcionarios públicos u otros actores sociales siempre y cuando dicho gasto esté vinculado a cuestiones electorales.

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