Victoria.- (Alfredo Guevara) Los costos de las acciones de impacto social, no tendrán incremento presupuestal adicional con la firma del convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), en el que se establece que los constructores de Tamaulipas aportarán recursos equivalentes al diez al millas en todas las obras que se ejecuten
La Secretaria de Obras Públicas Cecilia del Alto López expuso que del porcentaje establecido en el acuerdo, tres será para capacitación de los agremiados, dos como aportación al sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y cinco más, para la elaboración de los proyectos ejecutivos para las obras de impacto social.
Sin embargo, la servidora pública estableció que en el convenio suscrito entre el Gobierno del Estado y la CMIC se establece claro y de manera definida, que por ninguno de esos porcentajes se deba incrementar el costo de las diferentes obras y acciones que tendrán que llevar un beneficio social.
“El uno por ciento del pago de las estimaciones para esas aportaciones o diez al millar quiere decir que todos los contratos que se firmen con la Secretaría de Obras Públicas, se va a retener para esas tres fracciones” indicó
Estableció que de los proyectos ejecutivos, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca tiene seleccionado o avanzado su Plan de Infraestructura, y de lo que no consiga con el Gobierno de la República, se podrá hacer uso de ese porcentaje que se recaude para la elaboración de los proyectos ejecutivos de impacto o beneficio social
Lo que se pretende, es que la elaboración de esos proyectos, sean por parte de las empresas en cada municipio donde se pretenda realizar la obra, toda vez que para el Ayuntamiento o el Gobierno de la entidad es más fácil trabajar con los que se encargarán de llevar las acciones
Destacó Cecilia del Alto que de los procesos de licitación que son por invitación, en un 97 por ciento se quedan adjudicadas las obras para los contratistas locales
En aquellas que son consideradas como licitaciones públicas, son pocas las empresas foráneas que se hacen cargo de la realización de las obras de este Gobierno.
