LA DIFERENCIA

Este gobierno estatal convirtió a la representación popular local en punto menos que una meretriz.
Hicieron del Congreso Local el destino del ultraje, la vejación, el insulto, el menosprecio, el saqueo, exponiendo a sus integrantes al desprestigio y la mofa popular.
Autorizaron lo inimaginable, desde nombramientos de funcionarios sin perfil, calidad moral, subordinados para “entes autónomos”, el endeudamiento bestial y avalaron el saqueo, la opacidad, la ineptitud y el abuso, aplaudiendo como focas, cada que les pusieron un charal en la boca.
De la Miscelánea Fiscal para el año siguiente, cada diciembre la aprobaron sin analizarla ni debatirla, renunciando a su función, con argumentos tan estúpidos como que “el presupuesto es por resultados” –pretendiendo darle legalidad al manejo unilateral del Ejecutivo-, o autorizaciones “para que se contrate la deuda que sea necesaria”.
Todavía resuena en el ambiente la “solicitud” del gobierno para disponer de un crédito “en otras obras que considere pertinentes”, cuando decidió que siempre no lo utilizaría en las acciones para las que se habían autorizado.
Y nunca se supo si se hizo, qué se hizo con ese dinero, solo que en verdad se sumó a la carga que se va a heredar a los futuros gobiernos y futuras generaciones de tamaulipecos.
Todo eso, lo hicieron mientras el partido en el Gobierno, PAN, dominó la mayoría en el Congreso Local… hoy va a iniciarse -¡y muy probablemente concluirse!- la revisión del primer paquete fiscal del Estado que llega al Congreso, con una integración mayoritariamente morenista.
El hecho que desde hace diez días haya llegado el paquete de iniciativas y hasta hoy, un día antes del cierre del periodo ordinario de sesiones vayan a ponerse a analizar el tema, con la idea de “sacarlo” al día siguiente con el aval del pleno, ya generaba suspicacias.
En la agenda conocida tras bambalinas, porque hasta ayer tarde no se había subido a la página oficial del Congreso, vía de comunicación oficial, era que hoy la Secretaria de Finanzas compareciera al pleno a abundar en detalles y aclarar dudas, para enseguida sesionar las Comisiones, dictaminarlas, y mañana subirla al pleno.
La esperanza era que los diputados se hubieran puesto a hacer la tarea, estuvieran revisando en efecto, desde la semana pasada, el contenido del paquete fiscal, para hoy hacer los cuestionamientos y posicionamientos, a más las propuestas, que permitieran un marco fiscal en el que, fuera el interés colectivo lo trascendente.
Por supuesto que nadie se traga la engañifa esa de que por temas de seguridad, debe reconsiderarse el emplacado, que ya los diputados por mayoría rechazaron para el año entrante y el Estado insiste en cobrar, porque con ello van a identificar a los delincuentes y someterlos a buen resguardo.
¿De cuándo acá?
Lo que permea a la percepción ciudadana es que “el moche” ya lo cobraron por adelantado, a los fabricantes de placas y al grito de “lo caído, caído”, no quieren regresarlo y de ahí su insistencia para que se reconsidere la cancelación.
Quien sabe cómo, pero los dueños de los casinos ya se enteraron que quieren cobrarles más impuesto y ayer fueron al Congreso, con el dirigente del Comercio Organizado, JORGE ALMANZA ARMAS, a mediar con el mando camaral.
Más allá de las particularidades, en términos generales hay elementos que hablan de un antes y un después, en el manejo de las propuestas del ejecutivo al Congreso, aunque hay elementos por donde insisten con el manejo sesgado.
En términos generales, los ingresos y egresos planteados para el año entrante, consideran un crecimiento del 2.37 por ciento, o mil 509 millones de pesos, en términos nominales, ciertamente por debajo de la inflación que se considera pueda superar los 5 puntos.
En una lectura “por encimita”, lo primero que brota del presupuesto planteado es que mientras el primas vacacionales, dominicales y gratificaciones de fin de año –que ya no tocará a estos- presentan una reducción de 150 millones de pesos o el 5 por ciento, mientras en compensaciones, suben el fondo a 300 millones por el 15 por ciento.
¿Algún viso de corte electoral?
Las cuotas para el fondo de ahorro y trabajo crecen en 470 millones o el 10 por ciento, igual que “otras prestaciones sociales y económicas” en 415 millones de pesos; lo primero igual y acomoda en la cubierta del hoyo del fondo de pensiones comprometido con el SNTE y el SUSTET… ¿y la otra?
Los 183 millones de pesos en que crece el rubro 2000 –materiales y suministros- se va en “materiales para el registro e identificación de bienes y personas”… ¿a alguien le causa otra suspicacia?
El rubro de arrendamientos se reduce en 58 millones de pesos -más de la cuarta parte-, cuando el año pasado ya se había bajado de 730 a 216 millones de pesos ¿soy yo hay algo sospechosos en eso de la renta de equipo de transporte con esas fabulosas sumas?
Las “transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas” también crecen de manera extraordinaria en año electoral hasta alcanzar los mil 600 millones de pesos extras y las participaciones a los municipios en mil 700 millones.
Alguna explicación tendrá reducir en 500 millones de pesos el recurso destinado al pago de la deuda pública, que como quiera significa una erogación superior a los 3 mil millones de pesos, casi mil por encima de a como se recibió, con todo y la dobleteada del plazo para liquidarla.
En la clasificación funcional del gasto, el Gobierno se concede un incremento de mil 500 millones de pesos, cerca del 14 por ciento, mientras al Congreso solo le da 15 millones o el 5 por ciento.
A la organización de procesos electorales le disminuye 4 millones y de los mil 600 millones de pesos que le sube a Desarrollo Social, mil 500 millones con para “vivienda y servicios a la comunidad”.
La famosa reducción de mil 200 millones de pesos, que vienen reclamándole a la federación, se concentra en el apartado de educación básica, acotándose a 800 millones, con los incrementos que reflejan otros niveles, en el entendido que aquello tiene qué ver con ajustes nominales.
Sin insisto, observaciones someras sobre la iniciativa vista “a vuelo de pluma”; los diputados tienen acceso a más información y a los funcionarios para que abunden en explicaciones y soportes que den veracidad a sus dichos.
Esperemos que los exploten y no repitan la historia de sus antecesores, cuya fiscalización y revisión fiscal, se limitó a andar mendingando migajas del pastel presupuestal que ha engullido la familia gobernante y cae de su mesa, sin querer.
Ayer, el informe de gestión anual de la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Tamaulipas, BLANCA ELADIA HERNÁNDEZ ROJAS resultó conciso, amplio, puntual y revelador de los buenos oficios de la instancia jurisdiccional.
La eficiencia de la instancia, calificada por encima del 99.17 por ciento, con el menor número de impugnaciones procedentes hasta la última instancia a los 720 casos conocidos, cifra histórica en el proceso más disputado, judicializado y pluralizado del que se tenga memoria, además en medio de la pandemia del Coronavirus que significó desafíos institucionales extraordinarios.
Puede decirse fácil, pero en todo un reto superado que significó el reconocimiento y felicitación de la Magistrada para sus compañeros y colaboradores en lo interno y desde fuera, para ella y ellos.
Felicidades.