Ayotzinapa en Matamoros.

Todos los pueblos civilizados ofrecen a la meditación del hombre pensador un hecho: el conflicto. Víctor Hugo.

Recibí en días pasados la encomienda de Pascal Beltrán del Río, (Beltrán del Río es un solo apellido compuesto) para buscar al Juez Samuel Ventura Ramos, quien dictaminó la liberación de otros 24 inculpados en el caso de la desaparición forzada y delincuencia organizada de Ayotzinapa, Guerrero.

Debo reconocer que fue un encuentro bastante ilustrativo. Llegamos al edificio ubicado en Av. Longoria y Pedro Cárdenas, pasamos todos los protocolos de seguridad propias de un edificio que alberga a quienes son encargados de administrar parte de la justicia penal de nuestro país.

El mencionado edificio es donde se localiza el juzgado primero de lo penal y es conocido como el Palacio Federal de Justicia en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Arribe a él con la avidez de mi cerebro para adquirir nuevas ideas. En esta ocasión en particular las que gravitan esplendorosamente en la órbita jurídica.

Conforme me acercaba a las oficinas del juzgado primero, me invadía una grata sensación de que estaba a punto de dialogar con uno de los protagonistas más relevantes e importantes de la historia actual de nuestro país. Es de suma importancia aclarar que el juez mencionado tiene nivel de doctorado, auténtico doctor en derecho, se le ve, se le nota y lo transpira. Al verlo pude asumir que tiene lo que podemos llamar una fisonomía parlante, lo miras y lo conoces y entiendes que es un juez.

Nos recibió con la presencia de su más cercano colaborador del caso Ayotzinapa, el Licenciado Juan Manuel Trespalacios. Su extrema prudencia se proyectaba en su manera de hablar, propia de quien imparte justicia. Nunca se anticipó en el dialogo hasta que no planteamos la razón de la visita, aunque era obvia, por medio de la primera pregunta periodística: ¿Qué nos puede decir del caso Ayotzinapa en referencia a la liberación de los 24 inculpados el sábado pasado?

Después de planteada la pregunta la que puedo llamar la loca chispa del dialogo, empezó a crecer a cada momento, y cruzándose por todos los puntos de la sala en que estábamos, formaban sobre mi cabeza una especia de alegre bombardeo jurídico de los cuales no quería olvidar ninguno.

Sin asomar el más mínimo gesto de impaciencia, el Juez Ventura Ramos, dijo: Estamos frente a un caso de insuficiencia probatoria; la verdad jurídica no está en función del volumen de los archivos presentados, y vaya que son bastante voluminosos, sino de la sustancia de los medios de prueba.

Entiende que le toco un caso difícil por lo mediatizado que esta y por las partes en conflicto. Por un lado está el Ministerio Publico apoyado por los padres de los desaparecidos y por otro los inculpados que pueden o no ser culpables pero que están bastante conscientes de sus derechos humanos. El juez Ventura Ramos está más que convencido que como juez se debe manejar con criterios de certeza y no de probabilidad.

Fue cuestión de escuchar estas razones apriorísticas de nuestro dialogo para entender que estábamos frente a un hombre de clara esencia jurídica hasta la medula de los huesos. Prosiguió su relato. Dijo que: Es importante mencionar que una buena parte del caudal probatorio tuvo que ser excluido dado que, de acuerdo a los protocolos de Estambul, que es un conjunto de normas internacionales para documentar la tortura y sus consecuencias, se había definido que mucha de la información obtenida de los inculpados había sido precisamente bajo tortura.

Yo como analista político y ciudadano común pienso que a muchas personas se les complique entender que eso de los derechos humanos es lo mismo para las víctimas como para los acusados. Nos guste o no, el juez esta convertido en garante de la justicia para todos y en esa esencia debe cuidar la pulcritud jurídica que se pierde de vista cuando gana el ardor y la visera. Y en ese rubro el derecho debe ser completo; sino no es derecho.

Se determinó la libertad de los inculpados en sábado porque era la fecha de término de diez días que dio otra instancia legal para que el ministerio público puliera sus expedientes. Y no como astutamente lo quiso presentar Alejandro Encinas como el típico sabadazo para aprovechar el fin de semana.

De esta forma puedo afirmar que el juez Samuel Ventura Ramos es la linfa y Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos, la bilis.

Querido y dilecto lector, una aclaración que fue bastante pertinente fue que esta liberación de los inculpados no es definitiva y que es más bien una segunda oportunidad para el Fiscal especial de este caso, para depurar el proceso. Es decir, está frente a la retadora disyuntiva de que esta libertad que otorgo el juez a los inculpados quede como una afrenta o como una oportunidad para enmendar lo que hasta ahora se había hecho jurídicamente mal.

Todo este espiral de errores jurídicos lo conoce muy bien el nuevo fiscal del caso, Omar Gómez Trejo, pues él fue secretario general de Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes, el conglomerado de personas especialistas para asistir a los padres de las víctimas.

Me quedo la grata sensación de que aquí en Matamoros nos tocó el gran privilegio de estar haciendo y escribiendo la Historia.

El tiempo hablará.

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